miércoles, 21 de febrero de 2018

Frustra la policía de la CDMX robo en el Elektra de la colonia Portales; hay 13 detenidos


Era la noche del martes 20, cuando 13 hombres, entre ellos cuatro menores, intentaron asaltar la tienda Elektra de la colonia Portales, ubicada en la delegación Benito Juárez, centro-sur de la Ciudad de México, pero la oportuna intervención de la policía frustró el robo y los asaltantes fueron capturados.
De acuerdo con el parte policiaco, los delincuentes ingresaron a la tienda localizada en la esquina de las calles Necaxa y Antillas, y mientras unos amenazaron con armas a los encargados, el resto de la banda rompió las vitrinas con mazos y se apoderó de relojes, consolas de videojuegos y celulares.
Sin embargo, las lacras no se percataron que se había activado la alarma en la central de la policía, por lo que al lugar llegó la policía, que detuvo a los 13 hampones. 
Nueve de los asaltantes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Benito Juárez Dos, mientras que los cuatro menores fueron canalizados a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.

La Procuraduría General de Justicia de la CDMX inició una carpeta de investigación por robo a negocio con violencia.

martes, 20 de febrero de 2018

Entre 2012 y 2016 hubo desvío de recursos públicos por 6 mil 879 mdp: ASF


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que entre los años 2012 y 2016 se ha detectado un presunto desvío de recursos públicos por 6 mil 879 millones de pesos mediante la figura que permite la contratación entre dos dependencias gubernamentales, con el propósito de evadir la Ley de Adquisiciones del Sector Público y así facilitar la entrega de recursos públicos a una tercera empresa privada que no es supervisada.

Durante la entrega del Tercer Informe de Resultados para Analizar la Cuenta Pública del 2016, el encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, explicó que el trabajo de ese organismo autónomo permitió al Estado mexicano recuperar un total de 7 mil 896 millones de pesos, producto de las observaciones que se hicieron durante los dos primeros reportes de la Cuenta Pública del año 2016.

El informe omite de manera deliberada dar una cifra global de los eventuales daños al patrimonio público que se podrían desprender de los 2 mil 557 pliegos de observaciones que se hicieron a las dependencias públicas durante el ejercicio fiscal del 2016, con el argumento de que una cifra global no es definitiva, puesto que todavía se pueden solventar las irregularidades detectadas durante la fiscalización.

El auditor en funciones explicó que ese organismo emitió un total de 10 mil 346 observaciones sobre el gasto público auditado en 2015, de las cuales 2 mil 557 son pliegos de observaciones por presuntos daños al erario y otras 2 mil 504 corresponden al inicio de procedimientos para tratar de fincar responsabilidades administrativas a funcionarios públicos que hayan incurrido en irregularidades.

Pérez Saavedra añadió que en 184 casos más se generaron avisos de la Auditoría Superior para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Cŕedito Público (SHCP), derivado de que algunos proveedores de obra y beneficiarios de contratos públicos incumplen con sus obligaciones fiscales.

El titular de la ASF dijo que a partir del año 2001 se han reintegrado a las arcas de la Federación más de 123 mil millones de pesos a través de las observaciones que se hacen al gasto a todas las dependencias públicas, organismos autónomos, estados y municipios; así como a los Poderes Legislativo y Judicial, puesto que los pliegos de observaciones tratan de ser solventados por los servidores públicos.

Burlan Ley de Adquisiciones con triangulación y subcontratación de obra y servicios
Pese a que el auditor en funciones no dio un monto global de daños al erario que se desprenden de las observaciones, el documento que fue entregado a la Comisión de Vigilancia si destaca que la subcontratación de empresas privadas y asociaciones civiles por parte de una dependencia pública que debe prestar un servicio a otra dependencia, se ha consolidado como un mecanismo para el desvío de recursos públicos.

Este mecanismo ha permitido a Secretarías de Estado, universidades públicas y gobiernos de los estados y municipios el desvío de 6 mil 879 millones de pesos mediante contratos que amparan supuestas consultorías, asesorías y otros servicios relacionados, pero que no se comprueban o no se llevan cabo.

El esquema que ha sido investigado por periodistas y que una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con Animal Político denominó “La Estafa Maestra” también ampara falsos servicios de supervisión en obra pública y la realización de estudios técnicos que incumplen con sus objetivos o que son inservibles.

De acuerdo con la ASF, los programas presupuestales que más se han prestado a este esquema de presunta corrupción son los destinados al desarrollo social, agrario o territorial, es decir, que los desvíos se dan en programas de combate a la pobreza, de apoyo al campo y de atención a núcleos poblacionales en zonas agrarias y urbanas.

Hasta el año 2015, la ASF había denuncia que en este tipo de esquemas participaban sobre todo universidades públicas estatales, pero en la Cuenta Pública del 2016 se detectó que las televisoras públicas de los estados como el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación y la Televisora de Hermosillo en Sonora se han sumado a este esquema.

Con información de Aristegui Noticias

Subordinado de Murillo Karam, ligado a grupo que vendió Pegasus a la PGR: MCCI



Un funcionario de la Procuraduría General de la República fue socio fundador de una compañía ligada al grupo empresarial que vendió en 32 millones de dólares el malware espía Pegasus a la propia PGR.

Luis Fernando Ayala Puente, quien trabajaba en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes, fue socio fundador de la empresa CITELAE del Centro SA de CV, la cual registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



Balam nació como empresa el 15 de mayo de 2012, mientras transcurría la pasada campaña presidencial, y el trámite de inscripción de su nombre comercial fue realizado por intermediación de CITELAE el 3 de julio del mismo año.

En octubre de 2014, una empresa filial de Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, obtuvo de la PGR un contrato por 32 millones de dólares (equivalente a 450 millones de pesos de entonces) para surtir el malware de espionaje Pegasus, el cual ha sido utilizado para infectar teléfonos inteligentes de defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y periodistas.

Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, uno de los accionistas de Balam, tiene vínculos con encumbrados personajes de la política. Un hermano de su papá es Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Coordinador de Puertos y Marina Mercante, cercano al círculo político del senador Emilio Gamboa, y su primo Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal trabajaba en la oficina de la Presidencia de la República cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull.



El accionista de Balam ha negado reiteradamente el vínculo con Tech Bull, pese a que una cadena de correos filtrados por Wikileaks ha mostrado los nexos empresariales.

Además, en esta investigación se corroboró que el hermano de uno de los presuntos prestanombres de Tech Bull trabaja para Balam.

Entra a PGR y a los 8 meses se asigna contrato

Cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull, el socio fundador de CITELAE –la empresa ligada a Balam- tenía ocho meses de haberse incorporado como funcionario de segundo nivel en la PGR.

Ayala Puente se incorporó a la Procuraduría el 1 de febrero de 2014 por invitación de Aurelio Gancedo, quien se desempeñaba como Director de Aseguramientos Ministeriales.



Gancedo y Ayala se conocieron en la ciudad de San Luis Potosí –de donde ambos son originarios- y antes de entrar a la PGR habían trabajado juntos en la Dirección de Desarrollo Social de aquel municipio, el primero como titular de la dependencia y el segundo como su administrador.

Gancedo, a su vez, creció a la sombra de Jesús Murillo Karam desde el año 2009, cuando el primero era presidente del PRI en San Luis Potosí y el segundo el secretario general del mismo partido.

Foto: PGR

Aurelio Gancedo (izquierda), quien mantiene un vínculo cercano con Jesús Murillo Karam, era el jefe directo de Luis Felipe Ayala Puente, el funcionario de la PGR cuya empresa inscribió el nombre de Balam Seguridad Privada ante el IMPI. Fotografía: PGR.

Desde el inicio de su gestión como Procurador, Murillo Karam invitó a Gancedo a incorporarse a la PGR, primero como director de área en la Oficialía Mayor y luego como director de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales.

Cuando Murillo ascendió a Gancedo, en febrero de 2014, éste incorporó a la PGR a Ayala Puente (el socio fundador de CITELAE) y a otros dos amigos que habían sido sus subordinados en el Ayuntamiento de San Luis Potosí: Víctor Hugo Salgado Delgadillo y José Israel Guerrero Cerrillo.

Foto: Instagram

El presidente Enrique Peña Nieto con Aurelio Gancedo. Fotografía: Instagram.

Luego, cuando Murillo fue removido de la PGR y enviado a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Gancedo se fue con él como director de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En el medio político de San Luis Potosí se identifica a Gancedo como el ahijado de Murillo Karam.

Cuando Murillo Karam nombró a Aurelio Gancedo (izquierda) Director de Aseguramientos Ministeriales, invitó a trabajar en la PGR a sus amigos Luis Fernando Ayala Puente (centro) y Víctor Hugo Salgado Delgadillo (derecha), ambos originarios de San Luis Potosí. Fotografía: Instagram.

Vínculo con empresa ‘fantasma’


CITELAE del Centro SA de CV fue creada el 30 de noviembre de 2009 en la ciudad de San Luis Potosí, por dos empleados de Delta Servicios del Sureste, una empresa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó desde 2014 como presunta ‘fantasma’, por expedir comprobantes fiscales sin tener infraestructura o por realizar operaciones simuladas.

En la declaración patrimonial que presentó cuando ingresó a la PGR, Luis Fernando Ayala Puente reportó que entró a trabajar en Delta Servicios del Sureste en junio de 2009, cuando tenía 24 años de edad, y que permaneció en esa empresa hasta febrero de 2011, donde desempeñaba el cargo de asistente administrativo.

Delta fue constituida en el pueblo chiapaneco de Ocozocuautla, y como supuestos dueños aparece en actas una pareja que reside en Paseo del Bosque, una colonia popular de Tuxtla Gutiérrez. Como administradora figura una señora de 68 años que declaró habitar el departamento 10 del edificio M45 en la unidad habitacional Lomas de Plateros, en la ciudad de México. Sin embargo, en una visita de MCCI se constató que esa dirección es falsa.

A los cinco meses de que declaró haberse incorporado a Delta, Luis Fernando Ayala Puente ayudó a crear CITELAE del Centro, en cuya acta constitutiva fue registrado como socio con el 33% de las acciones y una aportación de 16,500 pesos al capital social.

Como sus socias en CITELAE fueron registradas María Patricia Castillo Rodríguez, quien era la encargada de la contabilidad de Delta Servicios del Sureste, con el 34% de las acciones, y Rosa Elena Herrera Rodríguez, una joven de 23 años, estudiante de contaduría, con el 33%.

En el acta quedó asentado que CITELAE se dedicaría a dar todo tipo de servicios, incluida la vigilancia industrial, comercial y bancaria; asesorías e investigaciones privadas a particulares y todo lo relacionado con la seguridad.

En asambleas realizadas en febrero de 2011 y agosto de 2013 se retiraron de la empresa las dos socias fundadoras, pero en los documentos inscritos en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí no aparece ninguna cesión o venta de acciones por parte de Luis Fernando Ayala Puente.

En octubre de 2013 se acordó liquidar CITELAE en una asamblea extraordinaria de la que dio fe el notario Javier Manuel Gutiérrez Dávila, de Guadalajara.

Coincidentemente el mismo mes en que fue liquidada CITELAE, nació en la ciudad de México otra empresa de seguridad ligada a Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, también con un capital social de 50 mil pesos y con un contador público recién egresado como accionista y administrador único.

Esa empresa fue la que en octubre de 2014 –a un año de haber sido creada- obtuvo un contrato por 32 millones de dólares de la PGR para vender el malware espía Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO.

Empresas hermanas


Tech Bull se creó el 10 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, con dos presuntos prestanombres como socios: Miguel Cayetano Miguel, un joven de 26 años de edad recién egresado de la carrera de contaduría en el Instituto Politécnico Nacional, y Jorge de Jesús Sánchez, de 29 años, un técnico en informática egresado del Conalep. Ambos residen en colonias modestas ubicadas en las cañadas de Mixcoac, en la delegación Álvaro Obregón.

En julio de 2017, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad entrevistó a Cayetano Miguel, quien confesó que no sabía que la empresa en la que aparecía como socio había vendido el malware Pegasus.

Vínculo con empresa ‘fantasma’


CITELAE del Centro SA de CV fue creada el 30 de noviembre de 2009 en la ciudad de San Luis Potosí, por dos empleados de Delta Servicios del Sureste, una empresa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó desde 2014 como presunta ‘fantasma’, por expedir comprobantes fiscales sin tener infraestructura o por realizar operaciones simuladas.

En la declaración patrimonial que presentó cuando ingresó a la PGR, Luis Fernando Ayala Puente reportó que entró a trabajar en Delta Servicios del Sureste en junio de 2009, cuando tenía 24 años de edad, y que permaneció en esa empresa hasta febrero de 2011, donde desempeñaba el cargo de asistente administrativo.

Delta fue constituida en el pueblo chiapaneco de Ocozocuautla, y como supuestos dueños aparece en actas una pareja que reside en Paseo del Bosque, una colonia popular de Tuxtla Gutiérrez. Como administradora figura una señora de 68 años que declaró habitar el departamento 10 del edificio M45 en la unidad habitacional Lomas de Plateros, en la ciudad de México. Sin embargo, en una visita de MCCI se constató que esa dirección es falsa.

A los cinco meses de que declaró haberse incorporado a Delta, Luis Fernando Ayala Puente ayudó a crear CITELAE del Centro, en cuya acta constitutiva fue registrado como socio con el 33% de las acciones y una aportación de 16,500 pesos al capital social.

Como sus socias en CITELAE fueron registradas María Patricia Castillo Rodríguez, quien era la encargada de la contabilidad de Delta Servicios del Sureste, con el 34% de las acciones, y Rosa Elena Herrera Rodríguez, una joven de 23 años, estudiante de contaduría, con el 33%.

En el acta quedó asentado que CITELAE se dedicaría a dar todo tipo de servicios, incluida la vigilancia industrial, comercial y bancaria; asesorías e investigaciones privadas a particulares y todo lo relacionado con la seguridad.

En asambleas realizadas en febrero de 2011 y agosto de 2013 se retiraron de la empresa las dos socias fundadoras, pero en los documentos inscritos en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí no aparece ninguna cesión o venta de acciones por parte de Luis Fernando Ayala Puente.

En octubre de 2013 se acordó liquidar CITELAE en una asamblea extraordinaria de la que dio fe el notario Javier Manuel Gutiérrez Dávila, de Guadalajara.

Coincidentemente el mismo mes en que fue liquidada CITELAE, nació en la ciudad de México otra empresa de seguridad ligada a Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, también con un capital social de 50 mil pesos y con un contador público recién egresado como accionista y administrador único.

Esa empresa fue la que en octubre de 2014 –a un año de haber sido creada- obtuvo un contrato por 32 millones de dólares de la PGR para vender el malware espía Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO. 

Empresas hermanas


Tech Bull se creó el 10 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, con dos presuntos prestanombres como socios: Miguel Cayetano Miguel, un joven de 26 años de edad recién egresado de la carrera de contaduría en el Instituto Politécnico Nacional, y Jorge de Jesús Sánchez, de 29 años, un técnico en informática egresado del Conalep. Ambos residen en colonias modestas ubicadas en las cañadas de Mixcoac, en la delegación Álvaro Obregón.

En julio de 2017, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad entrevistó a Cayetano Miguel, quien confesó que no sabía que la empresa en la que aparecía como socio había vendido el malware Pegasus.

Luis Fernando Ayala Puente negó ser él mismo, cuando MCCI intentó entrevistarlo a una cuadra de su casa en San Luis Potosí, para que hablara de la empresa CITELAE. Fotografía: Valeria Durán.
Momentos antes, los reporteros de MCCI habían visitado el domicilio que el exfuncionario aportó al momento de crear la empresa CITELAE, y su papá primero aseguró que no estaba disponible, y luego dijo que se encontraba en el extranjero.

-Buenas noches, buscaba al señor Luis Felipe Ayala.

-No está –respondió el papá.

-¿Sabe a qué hora lo podemos localizar?

-No, ya se fue a Europa.

En realidad, el ex funcionario de la PGR estaba a media cuadra de su casa, oculto de los reporteros.

Después de negar ser él mismo, Luis Felipe Ayala dio vuelta a la cuadra para simular que vivía en otra casa. Sin embargo, MCCI constató que a los cinco minutos entró a su vivienda, donde ya lo esperaba en la puerta su papá, quien minutos antes había asegurado que estaba en Europa. 

Usaron prestanombres


Rosa Elena Herrera, quien en actas aparece como socia fundadora de CITELAE con una tercera parte de las acciones, aseguró que utilizaron su identidad sin su consentimiento.

Al enseñarle los documentos en los que aparece su nombre y domicilio, se mostró sorprendida y negó haber sido socia de CITELAE o de cualquier empresa. “Es que no, no me suena”, dijo.

Fiscalía de Chihuahua asegura rancho de 30 mil hectáreas, propiedad del priista César Duarte (fotos)


Elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua aseguraron en la ciudad de Camargo un rancho de 30 mil hectáreas, del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, el predio fue adquirido por el ex gobernador en el año 2012 a través del entonces director de Administración de la Secretaría de Hacienda del estado, Carlos Hermosillo Arteaga, por la cantidad de 60 millones de pesos; es decir, cada hectárea tuvo un valor de 2 mil pesos.

La acción se efectuó como parte de la Operación Justicia para Chihuahua  y en cumplimiento a una orden judicial emitida por el Tribunal de Control del Distrito Judicial Morelos, en la que participaron policías de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad, agentes del Ministerio Público y peritos.

El rancho quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Suman once las propiedades aseguradas a César Duarte

El predio cuenta con cuatro asentamientos llamados “Rancho El Cuervo”, “Rancho Santa Rita”, “Racho San Juan” y “Rancho Los Galemes”, alberga entre 900 y 1500 cabezas de ganado de las razas Angus, Brangus, Charolais, y mezclas entre las mismas.

En las diligencias, se localizaron aditamentos y maquinaria de uso agropecuario, diversos corrales ganaderos, bodegas, potreros, pozos, pilas y celdas solares.

Asimismo, se encontraron vehículos de motor, algunos de ellos con datos de propiedad de la empresa “Transporte Teja del Norte”, perteneciente a Carlos Hermosillo Arteaga y de la persona moral “Integradora Comercial y Logística S. de R. L. de C. V.”, asociada a la familia de Duarte Jáquez.

Con esta acción, suman once las propiedades aseguradas al ex gobernador, mismas que fueron, presuntamente, adquiridas con recursos públicos.

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

Foto: Fiscalía del Estado Chihuahua

ASF revela millonarios desvíos de recursos en Sedesol y Sedatu; Rosario Robles pide presentar pruebas


Rosario Robles Berlanga, que en agosto de 2016 declaró que los periódicos sirven para “matar moscas y limpiar vidrios”, desató su ira contra el diario Reforma a través de una serie de publicaciones en Twitter, en las que negó que desvió mil 311 millones de pesos con contratos a empresas fantasmas.
“Propongo al periódico Reforma que mañana a las doce horas nos demos cita en la PGR para que lleven los documentos que acrediten una relación mía con las empresas mencionadas y transferencias de recursos de las mismas a mi nombre. Están obligados a probar su acusación”, advirtió la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En la edición de este martes 20, Reforma adelantó las conclusiones de tres auditorías –que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicará–, las cuales señalan que durante el mandato de Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Sedatu fueron desviadas cantidades multimillonarias, algunas de las cuales transitaron por cuentas bancarias de Monex e IC Banco, y terminaron en Estados Unidos, China, Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur y Pakistán.
En los primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, la ASF detectó que las dependencias a cargo de Robles desviaron y realizaron malos manejos financieros por un monto superior a los 4 mil 544 millones de pesos; ello, sin tomar en cuenta las auditorías que se publicarán.
De acuerdo con el diario Reforma, lo anterior fue revelado en tres auditorias forenses realizadas por la ASF respecto a los ejercicios de 2014 y 2015.
Robles, quien desde el 27 de agosto de 2015 es titular de la Sedatu, estuvo al frente de la Sedesol de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015.

El desvío realizado en la Sedesol, según lo publicado por Reforma, habría sido por medio de la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, con quienes firmó contratos en marzo, mayo y septiembre de 2014. Y en enero y febrero de 2015.

Mientras que durante su gestión en la Sedatu se habría dado mediante contratos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015.

Una parte de los mil 311 millones de pesos fueron transferidos a Monex y a CI Banco, para luego distribuirse en cuentas domiciliadas en diferentes países, según la Auditoría citada por el diario.
Además, tras la auditoria se detectó que para el desvío de recursos, las instituciones subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales, de acuerdo con Reforma, al menos 13 resultaron ser empresas fantasma.

Las auditorias que revelaron dicha información fueron autorizadas desde marzo de 2017 y concluyeron el pasado 19 de enero.

Finalmente el reporte detalla que del total de la cantidad desviada, 37.1 millones de pesos se destinaron a Monex, dinero que se utilizó para comprar dólares y transferirlo a cuentas en otros países como China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos. Todas ellas a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte.

Mientras que 28.9 millones de pesos depositado en CI Banco se utilizó para el mismo fin y los dólares fueron depositados a cuentas de America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.

El resto del dinero habría ido a parar a las cuentas domiciliadas, mencionadas anteriormente.

En su ráfaga de “tuits”, Robles no desmintió la información de las auditorías: reiteró que ella no recibió recursos –algo que Reforma no dice en su reportaje–, e insinuó que existe una intención política detrás de la publicación.
El sábado pasado, la agencia del semanario Proceso señaló que la ASF finalizaría este martes la entrega de todas las auditorías derivadas de su revisión de la cuenta pública 2016, pero subrayó que a lo largo del año, el órgano fiscalizador detectó malos manejos financieros en la Sedatu de Robles por mil 792 millones de pesos.
La agencia recordó que, pese a las repetidas denuncias de la ASF, Robles mantuvo en su equipo cercano a Emilio Zebadúa González, el oficial mayor, así como Humberto René Islas Cortés y Enrique Prado Ordoñez, respectivos directores de Administración de Bienes Materiales y de Adquisiciones y Contratos en la Sedatu.
Según Apro, Zebadúa, Prado e Islas tenían las mismas funciones en la Sedesol durante los dos años y medio en los que Robles dirigió la dependencia. Ellos elaboraron y firmaron los contratos con las universidades estatales, que originaron los multimillonarios desvíos de dinero, ampliamente documentados por este semanario desde 2015.
Los mismos tres personajes operaron el sistema de contratación paralelo en la Sedatu, a través del cual otorgaron de manera opaca y discrecional más de mil contratos a “asesores”, decenas de los cuales tienen ingresos mensuales superiores a los 60 mil pesos.
Con información de Proceso y Reforma

lunes, 19 de febrero de 2018

PGR se coludió con defensa de Gutiérrez para federalizar proceso penal: Javier Corral



El gobernador de Chihuahua Javier Corral denunció que los fiscales de la PGR recibieron orden de "jalar" el caso del desvío de recursos hacia el #PRI "a como dé lugar". Afirmó que la defensa de Alejandro Gutiérrez y la Procuraduría se coludieron para federalizar su proceso penal.


Rompe PVEM con el PRI y abandona la coalición "Todos por Chiapas" (documentos)


El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rompió este domingo su alianza estatal con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la que buscaban contender juntos por la gubernatura de Chiapas el próximo 1 de julio.
Mauricio Mendoza Castañeda, representante del PVEM ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), confirmó la salida de dicho instituto político de la coalición “Todos por Chiapas”, conformada por el PRI, PVEM, Nueva Alianza, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido.
La decisión de retirarse de la alianza electoral pactada el pasado 23 de enero se ratificó oficialmente ante el IEPC este domingo a las 18:00 horas, con el objetivo de que el PVEM pueda postular un candidato único al puesto gobernador del estado de Chiapas.




A principios de febrero el IEPC otorgó una prórroga de cinco días a la coalición para establecer el método para seleccionar a su candidato; sin embargo, desde entonces comenzaron las fracturas dentro de la coalición pues el PRI tenía muy claro que el candidato de “Todos por Chiapas” provendría de sus filas.
El riesgo de ruptura aumentó el sábado17 cuando el PRI eligió por cuenta propia a Roberto Albores Gleason, senador con licencia, como su candidato a la gubernatura de Chiapas.
Medios locales afirman que se perfila una nueva alianza del PVEM con el PAN y Movimiento Ciudadano.
Eduardo Ramírez Aguilar y Luis Armando Melgar buscarán ser los candidatos del PVEM a la gubernatura de Chiapas.
Además, se especula que Eduardo Ramírez Aguilar, ex dirigente del PVEM en Chiapas, se uniría a Morena de cara a los comicios electorales de julio próximo.

Con información de Reporte Índigo